EL COLAPSO EN LA DIPUTACIÓN LA SITÚA AL BORDE DE SER INTERVENIDA POR HACIENDA

By 11 enero, 2019Noticias, Sin categoría

Gaspar adopta medidas de urgencia tras dispararse el periodo de pago a proveedores por encima de lo que marca la Ley de Estabilidad.

Toni Gaspar, presidente de la Diputación de Valencia, tomó posesión de su cargo el pasado 17 de julio. El alcalde de Faura llegó a la institución tras la polémica gestión de Jorge Rodríguez, que había derivado unas semanas antes en su detención y que le mantiene, aún a día de hoy, investigado por malversación y prevaricación. Gaspar se las prometía felices, entre otras razones porque su responsabilidad como diputado de Hacienda le hacía conocedor del estado de las cuentas de la corporación.
En teoría no iba a encontrarse sorpresas debajo de las alfombras. El paso de los meses ha permitido que Gaspar lograra taponar todos los frentes que su antecesor en el cargo había dejado pendientes. Pero sorpresas se ha encontrado algunas. Y una de las más destacadas tiene que ver con el colapso en la situación administrativa de la corporación provincial. Tan es así que el presidente de la Diputación ha puesto en marcha el proceso para Nombrar un nuevo vicesecretario general y un nuevo viceinterventor de la corporación provincial. La previsión con la que trabaja la Diputación es
que se incorporen este mismo mes de enero a sus nuevos puestos.
El origen del problema tiene que ver con un colapso administrativo que, en la práctica, provoca que ayudas tramitadas hace un año sigan sin ver la luz. La nueva ley de contratos y la baja laboral del Interventor titular de la Diputación agravan esta situación. La sorpresa más destacada tiene que ver con un viejo conocido de la política autonómica: el periodo medio de pago a proveedores. La información que recopila el ministerio de Hacienda, en cumplimiento de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Suficiencia Financiera y por la que se obliga a las administraciones públicas a cumplir con los objetivos de déficit, la regla de gasto y también con la puntualidad en el pago a los proveedores de suministros y servicios.
Los datos de que dispone el ministerio de Hacienda, y que se pueden consultar en su página web, revelan un significativo empeoramiento del periodo medio de pago a proveedores de la Diputación de Valencia. ¿Cómo de significativo? El mes de julio la corporación provincial tardó 18,06 días en pagar a sus proveedores. De esa cifra, que incluye las entidades y empresas 100% de la Diputación, el dato correspondiente en exclusiva a la institución que preside Gaspar se situó en 14,47 días. En realidad, las cifras respondían al proverbial buen estado de salud financiera de la corporación provincial.
Pero en agosto, septiembre y octubre se ha producido un empeoramiento significativo. En el mes estival por excelencia, la corporación provincial acumuló un retraso de 24,36 días. El de septiembre saltó hasta los 54,32 días y en octubre –el último dato publicado, la cifra ya es de 64,64 días. Los tres datos sobre globales de la corporación provincial y sus empresas aunque el dato específico de la Diputación correspondiente al mes de octubre se sitúa en 63,05 días. Superar los dos meses es el indicador que fija la Ley de Estabilidad como tope para que una administración pase a ser considerada como morosa. La norma advierte de que cuando el periodo medio de pago a los proveedores «supere en más de 30 días el plazo máximo de la normativa de morosidad durante dos meses consecutivos» el ministerio de Hacienda «formulará una comunicación de alerta indicándose el importe que deberá dedicar mensualmente al pago a proveedores y las medidas cuantificadas de reducción de gastos, incremento de ingresos u otras medidas de gestión de cobros y pagos, que deberá adoptar de forma que le permita generar la tesorería necesaria para la reducción de su periodo de pago a proveedores.  En el artículo 25, sobre medidas coercitivas, la ley señala que en los supuestos de incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria o de deuda pública de las Corporaciones Locales, «todas las operaciones de endeudamiento a largo plazo», precisarán autorización del
Estado o en su caso de la Comunidad Autónoma que tenga atribuida la tutela financiera.

LAS PROVINCIAS 11/01/19