El convenio con los promotores privados para hacer 600 viviendas protegidas en suelo municipal pincha
Gesfesa y Valencia Constitución argumentan que sin las subvenciones estatales el contrato es inviable
El Consejo de Aumsa dará cuenta del informe jurídico-financiero que desestima la solicitud de dos promotoras de rescindir el contrato para la construcción de casi 600 viviendas protegidas de alquiler en suelo municipal. El contrato, que suponía el pago de un canon al ayuntamiento de 60 millones de euros, es inviable tras la entrada en vigor del nuevo plan estatal de viviendas que les impide accediera las ayudas del Gobierno. Las empresas reclaman al consistorio la devolución de un millón de euros en concepto de avales y otros gastos.
El ayuntamiento de Valencia firmó en 2010 un convenio con Gesfesa, y con dos mercantiles vinculadas para la cesión del derecho de superficie de doce parcelas en los sectores urbanizables de Patraix y Camino de las Moreras. Se iban a promover 600 viviendas de promoción pública en régimen de alquiler.
A cambio de la cesión, el consistorio recibirá 503.700 euros anales por parte de las concesionarias de los terrenos, lo que supondría casi 60 millones de euros para el consistorio.
La renuncia de las empresas, deja en el aire el convenio. Aseguran que el contrato es inviable sin ayudas públicas pero Aumsa se niega a rescindir el contrato. Las promotoras no han acreditado la concurrencia de imposibilidad objetiva para cumplir el contrato. Aumsa se niega a asumir las consecuencias de una inadecuada planificación del promotor y recuerda que el contrato se firmó en 2010 en plena crisis económica.
Ref.: Levante 16.12.2014