FINANCIACIÓN PÚBLICA PARA LOS CONVENIOS

By 14 mayo, 2018Sin categoría

Las patronales CEOE y Cepyme vuelven a considerar la financiación pública de la negociación colectiva. Así se recoge en el programa para este año que elaboró la Comisión de Diálogo Social de la CEOE. En la patronal le quitan importancia. “No se ha avanzado nada en eso. De vez en cuando hablamos de ello, pero no hay nada”. Sin embargo, el proyecto existe, porque el propio presidente Juan Rosell se encarga de mandar un mensaje sobre
esta cuestión al Gobierno. Como también Juan Pablo Lázaro, el máximo dirigente de CEIM, la patronal madrileña.
Es un secreto a voces que las confederaciones empresariales necesitan recursos para poder seguir funcionando. Como los sindicatos, el hachazo que les dio el Gobierno en las subvenciones de formación les ha hecho mucho daño. Es más, CEOE y Cepyme han tenido que provisionar este año 12,3 millones de euros para poder salvar la crisis en la que puede meterles el Tribunal de Cuentas si pierden el contencioso sobre la cuantía que les reclama el órgano fiscalizador desde 2010. Precisamente, la provisión procede de la Fundación para la Formación que tiene la patronal en la colonia de El Viso, la zona residencial más cara de la almendra de Madrid. La estrategia de los empresarios es recurrir hasta la instancia que haga falta, porque
están convencidos de que tienen razón. Es importante saber que la propia existencia de Cepyme depende de que el litigio se resuelva favorablemente para los empresarios.
Hasta ahora, la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, no ha aceptado las peticiones de los empresarios y los sindicatos sobre la financiación pública de la negociación colectiva. Sin embargo, tampoco deja de reconocer su papel en el diálogo social. Incluso, presiona para que ambos firmen un acuerdo  para la negociación colectiva de este año.
En este contexto, hace algún tiempo que los agentes sociales están considerando otra alternativa como una futura ley de representación institucional. Una norma que, con toda la transparencia necesaria en la financiación, consagre su papel constitucional, recogido en los artículos 7, como “defensores y promotores de los intereses económicos y sociales que les son propios”, y 37, sobre “el derecho a la negociación colectiva, la fuerza vinculante de los
convenios y el derecho a adoptar medidas sobre el conflicto colectivo”.
Rosell insinúa que una financiación pública ayudaría a atalantar a muchas organizaciones de empresarios y sindicatos que, en esas Españas de Dios, sólo se justifican por la negociación colectiva y los cursos de formación. Con frecuencia, el presidente de los empresarios advierte al Gobierno de que muchos negociadores de convenios se están jubilando, fruto ellos mismos del propio envejecimiento del mercado laboral. CEOE y Cepyme piden recursos para poder formar nuevos interlocutores. En algún momento, Rosell ha propuesto cobrar 10 euros a cada trabajador cubierto por un convenio colectivo. También ha planteado este impuesto Juan Pablo Lázaro, el presidente de la patronal madrileña CEIM.
Los empresarios y los sindicatos también esgrimen que la negociación colectiva presta varios servicios a la sociedad española. La paz social que, en lineas generales, garantizan los  acuerdos recogidos en los convenios. En segundo lugar, y como consecuencia de ello, la contribución a la  productividad de la reducción de los conflictos en las empresas. Además, la negociación colectiva atenúa el debate dispéptico de la desigualdad territorial.
La financiación pública de la patronal y de los sindicatos tiene varias cuestiones: la primera es que tienen tanto derecho como los partidos políticos. Incluso, los agentes sociales contribuyen mucho más al bienestar de España que los políticos. Hay demasiada gente viviendo de la política. Ahora bien, si los sindicatos se someten periódicamente a las elecciones entre los trabajadores, las organizaciones empresariales, no. Ése es un problema, porque lo justo es que las subvenciones se graduén por la representatividad de los destinatarios, como ocurre con los partidos. En segundo lugar, la
patronal y los sindicatos deben tener cuidado con pedir una cuota a los trabajadores por los convenios. Puede convertirse en un motivo más para que muchas empresas hagan la negociación por su cuenta con sindicatos amarillos, y consigan costes temerarios para la competencia. La  representatividad de los agentes sociales puede ponerse en grave peligro.

EXPANSIÓN LUNES, 14 DE MAYO 2018