El proyecto de presupuestos del Estado presentado ayer deja una certeza principal para los valencianos: que lo escrito en el Estatut d’Autonomia pesa, aunque el Tribunal Constitucional considere que no obliga al Gobierno central. Y una incertidumbre: la debilidad parlamentaria del Ejecutivo socialista no asegura que las cuentas vayan a ser realidad, espera un arduo camino en el Congreso. De momento, el proyecto supone que la C. Valenciana salga del pozo de las inversiones al que estaba destinada en los últimos años y se acerque al peso de su población en el total del Estado (10,6%). Los1.189,8 millones previstos para invertir en territorio valenciano suponen el 9,8% del total. Son 449,5 millones más que lo que destinó Mariano Rajoy en sus últimas cuentas (2018).
La lectura política es que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha cumplido con el compromiso con el jefe del Consell: el 9,8% roza el 10% que anunció Ximo Puig tras la primera reunión entre ambos en la Moncloa en octubre pasado. El líder del PSPV puede respirar, después de que surgieran algunas dudas sobre si se iba a respetar la palabra, de la que solo se tenía constancia por lo dicho por Puig.
El proyecto de presupuestos da también argumentos a los socialistas valencianos de cara a la larga precampaña electoral que espera hasta el 26 de mayo. El porcentaje del 9,8% es el mayor desde 2004.
Ni siquiera en los últimos años antes de la puesta en marcha del AVE a Madrid (2010) hubo anuncio de tanta inversión: en 2008 fue el 9,5% y, al año siguiente, un 9,34%.
Solo Cataluña aumenta más del 61% valenciano entre las autonomías de régimen común (Navarra y Euskadi son caso aparte por su régimen foral) y ello si se incluyen los 200 millones extra que el Ministerio de Fomento ha incorporado a la comunidad vecina para cumplir una sentencia del Supremo sobre la necesidad de respetar la cláusula del Estatut sobre la adecuación del dinero al peso poblacional.
La C. Valenciana pasa a ser asimismo la cuarta en términos absolutos en el reparto de inversiones (el año pasado era la sexta).
Si se baja al detalle de los fondos por habitante, en 2017 cada valenciano recibía 119 euros, mientras que la cifra se duplica en el proyecto de Presupuestos de 2019 (239,7 euros). Se trata de 90 euros más que los previstos en 2018. Entonces abandonaba el farolillo rojo que lucía en 2017 para
pasar al penúltimo lugar, solo por delante de Navarra, que tiene condiciones de financiación distintas. En las cuentas del equipo de Sánchez para este año hay seis comunidades con un peor índice por habitante: La Rioja (pasa a ser la última, con 212,9 euros por ciudadano), Canarias, Baleares, Navarra, Madrid y País Vasco.
No obstante, la C. Valenciana continúa por debajo de la media española (260,7 euros), aunque la brecha con este indicador se reduce: el año pasado era de 67,6 euros; en 2019 es de 21 euros. La reducción es del 69%.
La fractura con el territorio mejor tratado en las inversiones también se estrecha. Este año, la diferencia es de 219 euros con Extremadura, que es quien sale mejor parado. En 2019 el agujero era de 319 euros con Cantabria. Las comunidades que retroceden con respecto al porcentaje del
total de las inversiones son Galicia, Murcia, Madrid, Castilla y León, La Rioja, Cantabria, Baleares y La Mancha. Las cinco primeras citadas son todas aquellas donde gobierna el PP. ¿Una casualidad o una decisión pensada?
LEVANTE 15/01/19