La directiva de FECOVAL, encabezada por su presidente José Luis Santa Isabel, se han reunido con la directora general de Justicia y con el subdirector general de Infraestructuras Judiciales, Cristina Gil Fabregat y José Ignacio Casar Pinazo, en un desayuno informativo celebrado el 16 de abril. El encuentro se ha centrado en las líneas maestras que va a llevar a cabo la Conselleria de Justicia en cuanto a la inversión de gestión de infraestructuras judiciales en diferentes municipios de la Comunidad Valenciana.
La Conselleria ha presentado a los miembros de la federación sus planes de inversión para mejorar edificios judiciales de la Comunidad Valenciana en esta legislatura. Entre ellos, se ha expuesto el proyecto de mejora de los juzgados de Benalúa en la ciudad de Alicante, que se acometerá cuando acaben las obras que se están llevando a cabo en la Audiencia Provincial de Alicante. Otra obra de infraestructura relevante afectará a la Ciudad de la Justicia de Torrent, en Valencia. Un proyecto que se encuentra en fase de revisión y cuya licitación se prevé para finales del 2024. También se han abordado en la reunión otros proyectos de infraestructuras judiciales de las provincias de Castellón, Alicante y a Valencia.
José Luis Santa Isabel y otros miembros de FECOVAL han pedido a la Conselleria de Justicia que, a la hora de presentar los concursos, tenga en cuenta el nivel de exigencia curricular solicitado y adapte los presupuestos convenientemente a este nivel de exigencia. El presidente de FECOVAL también ha incidido en la problemática que genera la cláusula social en las licitaciones, dado que son procesos que suelen prolongarse durante mucho tiempo. Por ello, ha solicitado a los responsables de la Conselleria de Justicia que tengan en cuenta los costes salariales que soportan las constructoras para adecuar el presupuesto de las inversiones en obra pública y que no acarree pérdidas para las empresas adjudicatarias de los proyectos.
Otro de los asuntos que han puesto encima de la mesa los representantes de FECOVAL ha sido la deuda que la administración pública mantiene con las empresas constructoras: en la actualidad se deben 580 millones de euros a los 15 asociados de la federación. La Conselleria de Justicia se ha comprometido a poner solución a esta situación.
