El Real Decreto impone la responsabilidad solidaria de todos los participantes para devolver las ayudas si no cumplen los requisitos.
El Ministerio de Empleo y Seguridad Social llevará próximamente al Consejo de Ministros una profunda reforma del sistema de formación profesional en el ámbito laboral, con la que se abren a la concurrencia competitiva todos los cursos de formación, sin que puedan participar en su impartición sindicatos ni patronales. Los objetivos son combatir el fraude y aumentar la transparencia, elevar la calidad de los cursos y que respondan a las necesidades actuales y futuras de empresas y trabajadores.
Entre las novedades incluidas en el proyecto de real decreto ley se encuentra la obligación, por primera vez, de que las pymes con menos de diez trabajadores participen con sus propios recursos en la financiación de la formación de los trabajadores. Tendrán que aportar el 4% del coste, algo que hasta ahora sólo se aplicaba a medianas y grandes empresas. Estas tienen que cubrir entre el 10 y el 40%. No obstante, se permite incluir en el cómputo el coste salarial de los trabajadores si reciben la formación en horas de trabajo. Con esta implicación directa de las pymes se pretende atajar las malas prácticas detectadas.
Ref: Las Provincias 25.02.15